JUSTICIA ESTADUAL

El Talón de Aquiles

​Los Poderes Judiciales locales son, sin duda, lo mas cercano a la comunidad que hay en materia de administración de justicia, en todos los rincones del país.

​Mientras el debate nacional y los reflectores de la República se han concentrado históricamente -y con mayor intensidad en los últimos tiempos- en la estructura, la elección y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, en la trinchera de los estados se libra una batalla silenciosa pero intensa y cotidiana. Ahí operan los poderes judiciales locales, el auténtico músculo del sistema de impartición de justicia en México y, al mismo tiempo, el gran eslabón olvidado de la República: su talón de Aquiles.

​El contraste estructural entre la justicia federal y la local es abismal, casi si como pertenecieran a realidades constitucionales distintas. Por un lado, el ámbito federalcuenta -a pesar de tanta austeridad- con un presupuesto robusto, infraestructura moderna, carrera judicial consolidada -a pesar de los pesares- y remuneraciones que reflejan la alta responsabilidad del cargo -es deseable mejorar ese rubro, pero es lo que hay- y por el otro lado, en el ámbito local, los tribunales y juzgados de los estados subsisten en condiciones de precariedad: presupuestos recortados al límite, cargas de trabajo agobiantes, falta de tecnología y plantillas de personas sobreexplotadas que perciben salarios notoriamente inferiores por resolver un número infinitamente mayor de controversias.

Esta brecha salarial y presupuestal no es meramente administrativa, es una profunda injusticia institucional que debilita el estado de derecho desde su base. Se exige a los jueces locales una labor titánica con recursos de economía de guerra, vulnerando su autonomía y exponiéndolos de manera grave y desproporcionada a presiones de todo tipo.

​Sin embargo, en esa debilidad radica su mayor paradojay su mas alta dignidad: los poderes judiciales locales son los tribunales mas cercanos al pueblo. En los juzgados de primera instancia de los estados -en materias familiar, civil, mercantil o penal local- es donde se desahoga la verdadera justicia actuante, la que duele, la que urge y la que impacta de forma directa e inmediata a la comunidad. Es en el juzgado local donde el ciudadano de a pie acude a tocar la puerta cuando peligra el patrimonio familiar, cuando se disputa la custodia de los hijos, o cuando el tejido social se fractura en el municipio, en la colonia, en el barrio. ​No es la justicia distante de las grandes cortes; es la justicia cercana, la del pueblo, la que huele a papel expedido con tinta recién reciclada y la que sostiene la paz social en los estados de nuestro país.

​Para superar ese rezago histórico es imperativo que los estados cierren filas - ¿les importará a los gobernadores? Creo que no- a través del Senado de la República, de la Cámara de Diputados (Federal) o a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).

​A través de este organismo, los poderes judiciales locales deben unirse en torno a la Federación para demandar y alcanzar juntos aquello que siempre ha estado al margen: presupuestos dignos, fortalecimiento de la voluntad y vocación de servicio y, sobre todo, una estructura orientada verdaderamente a servir al pueblo con eficacia.

​No obstante, este esfuerzo gremial e institucional no puede quedar sujeto a la buena voluntad de los estados. Si bien el artículo 116 fracción III de la Constitución General de la República establece las bases generales de la organización de los poderes judiciales en los estados, su redacción actual resulta insuficiente. Al dejar a la suerte de los tribunales estatales y de sus presupuestos casi en su totalidad al arbitrio de las constituciones, los congresos y los poderes ejecutivos de los estados, la impartición de justicia queda expuesta a vaivenes políticos donde no siempre es vista con la generosidad ni la prioridad republicana que merece. 

​Por ello, la Carta Magna debe contemplar un apartado especial y específico para los poderes judiciales locales o de los estados, situado armónicamente junto a la fundamentación de la justicia federal -presupuestos anclados a un porcentaje fijo del presupuesto estatal, restablecer la carrera judicial, apoyarse en los Alcaldes Municipales (de Al Kadi, el Juez) o los juzgados cívicos o menores, como parte de una estructura judicial (y municipal, en su caso) y no de los poderes ejecutivos locales que, en su ansia de poder, pretenden abarcar todo y la justicia se les escurre como agua entre las manos. 

​Solo así se garantizará que los presupuestos, la carrera judicial y las condiciones de operación tengan un piso mínimo nacional, permitiendo que todo fluya conforme a las exigencias de un auténtico Estado democrático de derecho.

​Fortalecer a los poderes judiciales locales no es un capricho presupuestal: es una exigencia democrática impostergable. Si queremos un México con auténtico estado de derecho, debemos dejar de mirar exclusivamente hacia la cúpula federal y voltear con urgencia hacia los cimientos de esa estructura de impartición de justicia, elevando su garantía a la cúspide de nuestra Norma Fundamental.

​¡Ah! ¡Eso que llaman Justicia!